La Justicia boliviana emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por los presuntos delitos de estupro y trata y tráfico de personas.
Esta decisión generó gran revuelo, pero horas después la orden fue anulada mediante un recurso de “acción de libertad”, un mecanismo legal que protege contra detenciones arbitrarias.
La fiscal de la región de Tarija, Sandra Gutiérrez, declaró que fue removida de su cargo a raíz de esta situación y que el Ministerio Público ordenó frenar la captura.
El caso que involucra a Morales se centra en un supuesto delito de “trata y tráfico de personas” que, según la acusación, habría ocurrido cuando la víctima era menor de edad, específicamente a los 15 años.
Gutiérrez señaló que se había conformado una comisión de fiscales para llevar a cabo la investigación y ejecutar la orden de captura, pero la “acción de libertad” presentada en Santa Cruz de la Sierra dejó sin efecto esta medida. Posteriormente, la fiscal dijo que recibió instrucciones desde la Fiscalía General del Estado de abandonar el caso, que ahora sería manejado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil.
Gutiérrez denunció que fue amenazada con procesos penales y disciplinarios si no accedía a disolver la comisión de fiscales encargada del caso.
Al mismo tiempo, mencionó que, tras la orden de aprehensión, se desactivaron otras investigaciones en curso.
La fiscal remarcó que, en el contexto de la investigación contra Morales, existían directrices que permitían realizar acciones judiciales, las cuales fueron obstruidas por orden de las autoridades superiores.
La situación se vuelve más compleja con las tensiones internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del que Morales es parte y cuyo control está en disputa entre facciones alineadas con Morales y el actual presidente del país, Luis Arce.
En este contexto, el exministro de Gobierno Carlos Romero afirmó que la anulación de la orden de aprehensión fue una represalia por las movilizaciones de Morales y sus seguidores contra la administración de Arce.
Romero informó que, además de la orden de detención, se activaron otros procesos judiciales en contra de Morales que también estarían ligados a esta situación.
A la par de estos acontecimientos en Bolivia, el gobierno de Argentina decidió retirar el estatus de refugiado a Morales, el cual había sido otorgado en diciembre de 2019 después de que el expresidente denunciara un “golpe de Estado” en su contra.
Esta medida fue criticada por Morales, quien tachó al nuevo gobierno de Javier Milei de ser “enemigo de los pueblos” y de tratar de desviar la atención de la crisis económica en Argentina. Morales expresó su gratitud hacia los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, quienes le ofrecieron refugio previamente.
Gutiérrez planteó la posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales, argumentando que el delito de trata y tráfico de personas se considera un delito de lesa humanidad.
En sus declaraciones, criticó la interferencia en la justicia que puede desincentivar a las víctimas a buscar justicia y advirtió sobre los peligros de una política que prioriza intereses políticos por encima de la ley.
La situación actual refleja una profunda crisis política en Bolivia, donde las tensiones entre los diferentes sectores del MAS y las acciones judiciales contra Morales continúan generando controversia y polarización.
Con información de medios internacionales
