El gobierno de Giorgia Meloni ha comenzado a implementar una serie de medidas en cumplimiento de su promesa de establecer un enfoque de mano dura para el mantenimiento del orden y la seguridad en Italia.
Entre las propuestas más controvertidas que figuran en el decreto, se encuentra la posibilidad de aplicar la castración química a los agresores sexuales, una medida que ha generado un intenso debate social y político.
Además, el decreto contempla sanciones severas, como penas de hasta dos años de prisión para aquellos que obstruyan carreteras o vías férreas, incluso de manera pacífica. Esto afecta particularmente a las acciones que son comunes en protestas, tanto sindicales como ecologistas, las cuales anteriormente solo eran objeto de sanciones administrativas.
El decreto también penaliza la resistencia pasiva a la autoridad en diversos contextos, incluyendo cárceles y centros de acogida para migrantes, reflejando un enfoque más amplio hacia el control de la migración y el orden público.
Con estas medidas, el gobierno busca solidificar su agenda de seguridad ciudadana y responder a las inquietudes de la población sobre criminalidad y desorden social.
Este conjunto de reformas, que incluye la introducción de 20 nuevos delitos, ya ha recibido la aprobación de la Cámara de Diputados y está a la espera del visto bueno del Senado. Sin embargo, la oposición ha criticado abiertamente el paquete legislativo, calificándolo de «decreto anti-Gandhi».
Argumentan que estas políticas podrían transformar a Italia en un Estado policial, amenazando así los fundamentos democráticos del país y restringiendo libertades civiles esenciales.
La implementación de estas medidas generará un debate continuo sobre el equilibrio entre la seguridad y las libertades individuales en Italia.
Con información de medios internacionales
